Guatemala padeció una guerra civil con una duración de treinta y seis años, la cual dañó profundamente su tejido social además de su estructura económica. El enfrentamiento entre el Estado junto con grupos insurgentes provocó el deceso de más de doscientas mil personas. El informe "Guatemala: Memoria del Silencio" señala: “La mayoría de las víctimas fueron civiles de origen maya”. La violencia estatal escaló hasta niveles de genocidio en diversas regiones del altiplano durante la década de los ochenta.
El documento revela que la represión no tuvo un carácter indiscriminado; por el contrario, se dirigió específicamente contra poblaciones indígenas vulnerables. La doctrina de seguridad nacional, aplicada en este periodo, justificó desapariciones forzadas así como la destrucción de cientos de aldeas. Estos actos imprimieron heridas profundas en la identidad nacional que todavía intentan sanar mediante procesos de justicia. La suscripción de los Acuerdos de Paz en 1996 pretendió establecer las bases para una sociedad democrática al igual que multicultural. No obstante, las causas estructurales, tales como la pobreza extrema o la exclusión de los pueblos originarios, persisten en la nación. La transición hacia una paz firme junto a duradera ha enfrentado múltiples obstáculos políticos además de sociales a lo largo de las últimas décadas.
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